Los ministros de Producción de la Región Centro solicitaron al Gobierno nacional revisar el Fondo Nacional de Emergencia Agropecuaria, cuyo monto anual permanece sin cambios desde hace más de 15 años. Advierten que la falta de actualización reduce la capacidad de respuesta ante eventos climáticos extremos cada vez más frecuentes.
Los ministros de Agricultura y Producción de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos volvieron a reclamar al Gobierno nacional la actualización del Fondo Nacional de Emergencia Agropecuaria, que mantiene un monto anual de 500 millones de pesos desde 2009.
Según señalaron los funcionarios de la Región Centro, el valor del fondo quedó completamente desfasado frente al proceso inflacionario y al incremento sostenido de los costos productivos, lo que limita seriamente la capacidad de asistencia estatal ante situaciones críticas como sequías, inundaciones e incendios rurales.
Pedido de actualización automática y mayor previsibilidad
El planteo de las provincias apunta a establecer un mecanismo de actualización automática del fondo —ya sea mediante inflación o un índice específico vinculado a la actividad agropecuaria— además de agilizar la transferencia de recursos cuando se declara la emergencia o el desastre agropecuario.
Actualmente, si bien el Estado nacional puede habilitar partidas extraordinarias, los ministros consideran que el sistema funciona bajo una lógica discrecional y no como una herramienta estructural capaz de responder con rapidez frente a eventos climáticos cada vez más recurrentes.
Impacto en la producción y las economías regionales
Desde las provincias remarcaron que la Región Centro concentra una parte fundamental de la producción agrícola y ganadera argentina, por lo que la falta de actualización del fondo no solo afecta a productores individuales, sino también a la estabilidad de las cadenas agroindustriales y al funcionamiento de las economías regionales.
En este contexto, los funcionarios advirtieron que fortalecer los instrumentos de asistencia resulta clave para sostener la producción y reducir el impacto económico que generan las contingencias climáticas sobre uno de los principales motores productivos del país.
