Funcionarios y entidades rurales profundizaron el debate técnico por una nueva ley de semillas y acordaron que el proyecto será consensuado antes de llegar al Congreso, aunque siguen las tensiones por el uso propio y la posible adhesión a UPOV 91.
El Gobierno nacional y las entidades del campo dieron un paso importante en la discusión por una nueva ley de semillas, al avanzar en una instancia técnica de trabajo conjunto. Sin embargo, pese al acercamiento, aún persisten diferencias de fondo en temas sensibles como el uso propio y la eventual adhesión al convenio internacional UPOV 91.
El encuentro se realizó en la Secretaría de Agricultura y contó con la participación de funcionarios nacionales y representantes de la Mesa de Enlace. Según destacaron los dirigentes rurales, se trató de una reunión clave en la que se analizó en detalle la propuesta presentada por el sector agropecuario.
“Estamos en un proceso de acercamiento”, resumió Carlos Castagnani, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), quien remarcó que uno de los principales avances fue el compromiso oficial de que cualquier proyecto que se envíe al Congreso será previamente consensuado con el sector.
La reunión marcó un cambio en la dinámica del debate, ya que por primera vez se discutieron punto por punto los aspectos técnicos de la iniciativa. Si bien se registraron coincidencias en algunos temas, otros generan preocupación entre los productores, por lo que el diálogo continuará en nuevas instancias.
Uno de los ejes centrales del conflicto es la posible adhesión de la Argentina al convenio UPOV 91, que otorga mayor protección a la propiedad intelectual en semillas. Desde el sector productivo manifestaron reparos, ya que consideran que podría restringir el uso propio —la práctica de guardar semilla para la próxima siembra— y aumentar los costos.
En ese sentido, las entidades rurales defienden la continuidad del esquema actual basado en UPOV 78, que permite el uso propio gratuito. La propuesta de la Mesa de Enlace plantea mantener ese derecho sin costo para productores de hasta 500 hectáreas, y establecer un sistema de pago para superficies superiores.
“La idea es conservar el uso propio gratuito hasta las 500 hectáreas y definir reglas claras a partir de ese umbral”, explicó Andrea Sarnari, presidenta de Federación Agraria Argentina (FAA), quien participó del encuentro.
Otro punto clave del debate es el rol del Estado en la fiscalización. Las entidades coincidieron en la necesidad de fortalecer el control a través del Instituto Nacional de Semillas (Inase), para garantizar el cumplimiento de la normativa y evitar distorsiones en el mercado.
Desde el Gobierno, en tanto, señalaron que el objetivo es construir una ley que contemple las distintas posiciones y aporte previsibilidad al sector. “Estamos avanzando para llegar a la mejor solución posible a un problema histórico”, indicaron fuentes oficiales.
No obstante, los ruralistas advirtieron que aún falta incorporar plenamente a la industria semillera en la mesa de discusión, representada por la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA), lo que será clave para lograr un consenso integral.
La ley vigente, sancionada en 1973, quedó desactualizada frente a los cambios tecnológicos y productivos del agro. Por eso, tanto el Gobierno como el sector coinciden en la necesidad de una nueva normativa que tenga una proyección de largo plazo.
A pesar de los avances, el proceso recién comienza. Las partes acordaron continuar con las reuniones en los próximos días para intentar acercar posiciones y avanzar hacia un proyecto consensuado que pueda ser tratado en el Congreso sin profundizar los conflictos dentro de la cadena.
