El Gobierno nacional puso en marcha el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), una herramienta orientada a impulsar proyectos productivos en PyMEs agroindustriales mediante beneficios fiscales, estímulos a la inversión y cambios en el sistema de contratación laboral rural.
En el marco de la reciente Ley de Modernización Laboral, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía destacó la implementación del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), un esquema diseñado para promover el crecimiento productivo del sector agroindustrial y facilitar nuevas inversiones.
El programa surge como complemento del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y apunta específicamente a pequeñas y medianas empresas. El alcance contempla proyectos que van desde los US$150.000 para microempresas hasta los US$9 millones en compañías medianas tramo II.
El eje central del régimen está puesto en fomentar inversiones productivas vinculadas a la compra, fabricación o importación de bienes de capital nuevos amortizables en el impuesto a las ganancias, así como también en obras destinadas a mejorar la capacidad productiva.
Uno de los aspectos más destacados es que no se establecen montos mínimos para inversiones consideradas estratégicas, entre ellas sistemas de riego, tecnologías de eficiencia energética, mallas antigranizo y la incorporación de bienes semovientes, lo que amplía el acceso a productores de menor escala.
Beneficios fiscales para impulsar la inversión
El nuevo régimen incorpora incentivos impositivos orientados a mejorar la rentabilidad de los proyectos. Para las inversiones estratégicas se habilita un sistema de amortización acelerada en una sola cuota, mientras que los bienes muebles podrán amortizarse en dos.
Además, los créditos fiscales de IVA generados por estas inversiones podrán computarse luego de tres períodos fiscales mensuales, mejorando el flujo financiero de las empresas.
Entre otras medidas, se reduce la alícuota del IVA aplicada a la energía eléctrica utilizada en equipos de riego destinados a la producción agroindustrial, un punto clave para economías regionales que dependen del uso intensivo del agua.
También se introdujeron cambios en la valuación de hacienda para establecimientos de invernada y feedlot, lo que impactará en la determinación del impuesto a las ganancias al reducir el resultado por tenencia en cada ejercicio fiscal.
Cambios en el régimen laboral agrario
La normativa incluye modificaciones relevantes en la organización del trabajo rural. Se redefinieron las condiciones de subcontratación y cesión laboral, estableciendo responsabilidad directa del empleador que registre al trabajador y limitando la responsabilidad solidaria.
Asimismo, se asegura la continuidad de contratos temporarios sucesivos y se amplía el período de prueba hasta ocho meses.
Otro cambio significativo es la eliminación de las remuneraciones mínimas fijadas por la Comisión Nacional de Trabajo Agrario, que pasan a regirse por convenios colectivos, incorporando además esquemas de remuneración por rendimiento.
En paralelo, se estableció la compatibilidad entre el trabajo rural temporario y las prestaciones sociales, permitiendo que los trabajadores mantengan asignaciones familiares y otros beneficios mientras desarrollan tareas estacionales.
